Tuxtla Gutiérrez, Chis. 13 Abril.- Un grupo de 21 de 24 funcionarios del gobierno federal, estatal y municipal que permanecían cautivos por habitantes de comunidades de la microrregión de Tsomanotik (Manos Unidas en tojolabal), en el municipio de Las Margaritas fueron dejados en libertad, en tanto se tramitan los recursos para la construcción de un camino de 2.4 kilómetros, informó el Gobierno de Chiapas.
En la comunidad aún permanecen cuatro funcionarios del ayuntamiento y del gobierno del estado, en espera que la Secretaría de Hacienda, libere los recursos para que la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC), entregue el dinero al constructor, y se empiece a construir el camino que exigen los indigenas tojolabales.
Luego de dos días de haber sido raptados, este viernes 21 funcionarios fueron dejados en libertad. Los empleados que quedaron en la comunidad “como prenda” hasta que se liberen los recursos son trabajadores de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), ayuntamiento y delegación de gobierno.
Este viernes, una comisión de pobladores acompañados de funcionarios de varias dependencias llegó a la capital Tuxtla Gutiérrez, para tramitar el cheque ante la Secretaría de Hacienda “donde solo falta una firma, para que entreguen el presupuesto”, y se lleve a cabo la obra.
Fue el pasado martes cuando unos 200 indígenas tojolabales llegaron a la cabecera municipal de Las Margaritas en busca del presidente municipal, José Domingo Vázquez López, al que acusan de no presentarse a trabajar e incumplir con la promesa de construcción del camino.
Los inconformes causaron destrozos en oficinas del ayuntamiento y se llevaron a empujones a 24 funcionarios, 11 de la CDI y de la delegación de gobierno, seis del ayuntamiento y siete de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa).
En octubre del 2017, Vázquez López permaneció cautivo varios días, en poder de los indígenas de la región de Tsomanotik, donde se comprometió para su liberación, iniciar la construcción del camino de 2.4 kilómetros, pero incumplió, denunciaron los habitantes.
Se espera que en el momento que la SOPyC entregue el dinero al constructor, los tres funcionarios y la comisión negociadora que permanece en la comunidad queden en libertad.