Como un paso grande que dará sus frutos que beneficiará a las comunidades, calificaron los asistentes al foro de consulta sobre el proyecto de ley para la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
“Es un paso grande que beneficiará a las comunidades, pues la ley será una herramienta para exigir respeto a nuestros derechos como indígenas”, manifestaron asistentes que en mesas de trabajo analizaron la propuesta de ley, con la participación de representantes de las 12 lenguas indígenas reconocidas en Chiapas.
Las y los participantes en la reunión, propusieron que en la junta de gobierno de la nueva institución estén representadas todas las instituciones para la transversalidad, porque se pretende que el INPI, a diferencia de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se convierta en una instancia normativa y no sólo ejecutora.
Propusieron que en lugar del INPI se cree una Secretaría de Pueblos Indígenas, que no dependa de ninguna otra instancia del gobierno federal.
Plantearon que en la nueva legislación un Consejo Nacional Indígena sustituya al Consejo Consultivo y sea integrado por representantes reconocidos de los pueblos originarios, además de que el INPI sea una instancia normativa y no sólo ejecutora, con el fin de que sea el órgano garante de que los recursos etiquetados por la federación para pueblos no se desvíen como sucede ahora.
Establecieron que para que los pueblos originarios otorguen el consentimiento previo, libre e informado se deberá de aplicar una consulta culturalmente pertinente y de buena fe, diseñada por el INPI, conjuntamente con los pueblos indígenas, que cumpla con todo lo que estipulan los diferentes instrumentos.
Irma Juan Carlos, presidenta de la comisión de Pueblos Indígena de la Cámara de Diputados, organizadora del foro, dijo que se está consultando a todos los pueblos indígenas del país realizando porque “tienen derecho a ser escuchados para que nos digan qué opinan sobre la propuesta de ley”.
Los participantes propusieron que la reforma que se lleve a cabo garantice los derechos universales de los integrantes, no individuos, de los pueblos y comunidades equis.
Señalaron que uno de los “grandes avances” es el reconocimiento de las comunidades como sujetos de derecho, además de que con la próxima creación de la nueva de institución “termina el ciclo de la política indigenista y comienza el de la política indígena, pues será dirigida por los propios indígenas”.
Plantearon que el IMPI sea el órgano garante para la realización de consultas cuando alguna empresa o el gobierno pretenda construir megaproyectos.
