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Durante el transcurso de este lunes, el municipio de Aldama, “ha recibido reportes de 8 agresiones con disparos de armas de fuego de distintos calibres” desde diferentes puntos del ejido Santa Martha, Chenalhó, en contra de la cabecera municipal y de comunidades, sin que se tenga reporte de lesionados, denunció el presidente municipal, Rodolfo López Gómez.
Aseguró que “las agresiones” fueron en contra de las comunidades de Cocó, Tabac, San Pedro cotzilnam, Stzelejpotobtic, Juxton y cabecera municipal de Aldama, y provenían desde los puntos conocidos como Tijera Caridad, Templo, Chuchté, Ladrillos, Valetik, T’ulvits, Tok’oy, pertenecientes al sector Santa Marta.
El edil refirió que el viernes y el sábado pasados, también se registraron disparos de armas de fuego en contra de localidades de Aldama, a pesar de la presencia de policías estatales en Santa Martha.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), exigió la liberación del “preso político”, Cristóbal Sántiz Jiménez, originario de Aldama, detenido el 14 de marzo pasado “por dar a conocer la violencia generalizada en su municipio, provocada por grupos civiles armados de corte paramilitar”.
El organismo señaló que el indígena tzotzil es “representante de la Comisión Permanente de Comuneros y Desplazados de Aldama; integrante de las familias que fueron atacadas con armas de alto calibre por un grupo de corte paramilitar de Santa Martha, Chenalhó y despojado de sus tierras”.
Además de defensor comunitario que ha ocupado cargos tradicionales en su pueblo originario; como regidor tradicional; trabaja desde hace 21 años como velador en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número 133, con sede en San Cristóbal de Las Casas.
El Frayba refiere que Cristóbal fue detenido por policías estatales el 14 de marzo pasado, “cuando salía de su trabajo; lo mantuvieron incomunicado 5 horas y actualmente se encuentra encarcelado” en el penal de El Amate.
Desde hace mas de 45 años, Aldama y Chenalhó, ambos poblados vecinos, se disputan 6o hectáreas de límites, lo que ha dejado una estela de sangre con 26 muertos, varios heridos, constantes hechos de violencia y desplazamientos forzados de familias indígenas.