Son ya cinco veces que practica el esquema de la “Estafa Maestra”
El 21 de febrero de este año, el portal Animal Político dio a conocer que cinco instituciones de educación superior causaron un probable daño patrimonial al país por 80.7 millones de 14 pesos.
Las instituciones son la Universidad Politécnica del Golfo de México, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la Universidad Tecnológica de Salamanca, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de México y la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH).
El reporte documentó a partir de las auditorías que realiza la Auditoría Superior de la Federación que, ni la entonces SAGARPA ni la UPCH acreditaron 10 millones de pesos por el “Diseño, Descripción, Desarrollo y la Capacitación de los Estándares de Competencias Profesionales de los Diez (10) Estándares de Competencias Profesionales y sus Instrumentos de Evaluación, Enfocados a los Programas de Apoyo que Otorga la SAGARPA para todos los Servidores Públicos de la Dependencia”.
Por si fuera poco, la UPACH tampoco acreditó capacidad técnica, material y humana para prestar este servicio y además; se comprobó la subcontratación por más del 49% del aplicado al contrato de dos empresas fantasmas: Grupo de Asesores De la Mora Sanguines, S.C. y Compañía Prestadora de Servicios Kandora CPS, S.A. de C.V.
A partir de documentos obtenidos a través de la Plataforma de Transparencia Federal y de los informes de la Auditoría Superior de la Federación, esta reportera ha documentado que la UPCH es una institución clave en la trama denominada la “Estafa Maestra” que mantiene privada de su libertad a la ex secretaria de la extinta SEDESOL Rosario Robles.
La UPCH primero realizó convenios con la extinta SEDESOL en el marco de la denominada “Cruzada Nacional contra el Hambre”. Luego, el esquema -conocido públicamente como la “Estafa Maestra- fue repetido con la SEDATU.
Por tercera vez, el esquema se repitió con el ISSSTE tal y como lo consigna la Auditoría Forense: 16-4-99034-12-0195 195-DS y que se puede consultar en la liga siguiente: https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016ii/Documentos/Auditorias/2016_0195_a.pdf
En los dos convenios, con SEDATU e ISSSTE, la dispersión de los recursos se hicieron a empresas que no se pudieron localizar. Otras dos empresas tienen el mismo domicilio fiscal y dos empresas más, transfirieron los recursos financieros a otras empresas y personas físicas.
Sin embargo, han aparecido otros dos convenios, hechos de igual forma que los anteriores, al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones. El primero de ellos por 10 millones de pesos y ya relatado líneas arriba con SAGARPA hoy SADER y otro más con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
El convenio con SAGARPA se realizó el 20 de junio del 2018. Seis días antes de que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicitara al titular de la Secretaría de la Función Pública que “inicie las investigaciones correspondientes por triangulación de recursos y daño al erario derivados de la celebración de cinco convenios entre la Universidad Politécnica de Chiapas y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y uno entre esta misma universidad y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado”.
El punto de acuerdo puede descargarse en la liga siguiente: http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/07/asun_3722938_20180704_1530050953.pdf
Cinco veces ha repetido la Universidad Politécnica de Chiapas el esquema al amparo del artículo 1 de la ley de adquisiciones. Cinco veces replica el esquema de la “Estafa Maestra”.
Es el mismo Rector, los mismos funcionarios universitarios -junto con un exrector de la Universidad Autónoma de Chiapas que ahora es coordinador de asesores de gubernatura- que fueron conminados al inicio de este periodo de gobierno a renunciar por ética profesional y no lo hicieron.
¿Qué o quiénes y porqué los protegen?
¿Si las dependencias federales del sexenio pasado tuvieron como “consentida” a la UPCH, las autoridades locales mantienen en su puesto al Rector Navor Ballinas porque es el “consentido” local?
Preguntas válidas tratándose de recursos públicos y de opacidad gubernamental y más de una institución pública que debe formar estudiantes para la vida.