Integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente – Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (MOCRI-CNPA MN), entregaron este jueves a la Fiscalía General del Estado (FGE), en las oficinas del gobernador de Chiapas, un oficio respaldado por más de 300 firmas, entre organismos de derechos Humanos, organizaciones sociales, así como académicos e intelectuales nacionales e internacionales para exigir a las autoridades acate una Recomendación emitida en días recientes por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que ordena la protección inmediata de una treintena de personas que se encuentran en riesgo de ser agredidas.
Eric Bautista Gómez, vocero de la organización refirió en conferencia de prensa que el 30 de noviembre de 2018 se formó en el municipio de Amatán el llamado Consejo Indígena y Popular, como respuesta a la “falta de voluntad política y sensibilidad” social por parte de diversos gobiernos ante las necesidades de los pueblos de dicha región.
Esto luego de que en el lugar, los responsables del clima de tensión se encontraban los hermanos Wilbert y Manuel de Jesús Carpio Mayorga –hoy detenidos–, quienes se alternaron en la presidencia de Amatán durante 18 años, a través de las siglas del PRI, el PVEM y Morena, y aunque las autoridades actuales federales fueron advertidas de esta situación cuando todavía no asumían el gobierno, hicieron caso omiso.
El resultado de ello, fue que el 17 de enero de 2019 fueron privados de la vida los luchadores sociales Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, en un ataque cometido por un “grupo policiaco-paramilitar”, Previamente, el 22 de noviembre de 2018, había sido asesinado el dirigente social Carlos Mayorga Guerrero.
El vocero del MOCRI CNPA-MN destacó que aunque las autoridades federales y estatales fueron notificadas sobre estos ataques y sobre la existencia de grupos armados que hostilizaban a las organizaciones sociales de Amatán, ninguna de ellas actuó para frenar la violencia, a pesar de que el propio Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos ya había incluido como beneficiarios a unos 30 habitantes del municipio.
Todo lo anterior, señaló, hizo que la CNDH emitiera el pasado 14 de octubre la Recomendación por Violaciones Graves 39VG/2020, mediante la cual exhortó a la Secretaría de Gobernación, el gobierno de Chiapas, la Fiscalía General de Justicia y a la Presidencia Municipal de Amatán, a que brinden medidas de protección a las personas amenazadas por grupos armados.
EL MOCRI CNPA MN exigió que la Secretaría de Gobernación y las autoridades locales cumplan con la Recomendación y cesen el clima de violencia en esa región del norte de Chiapas.
“En su Recomendación, la CNDH dice que el Mecanismo debe emitir medidas urgentes de protección en un plazo no mayor a 30 días, y no sólo para las personas incorporadas en el Mecanismo, sino para todos los pueblos que forman parte del municipio de Amatán.
“Tienen que acatar lo dicho por la CNDH, y dependerá mucho de Olga Sánchez Cordero el que quieran acatar o no. Si lo hacen, es una salida institucional para intervenir ante el gobierno de Chiapas y resolver el problema”, indicó el dirigente.
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Integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente – Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (MOCRI-CNPA MN), entregaron este jueves a la Fiscalía General del Estado (FGE), en las oficinas del gobernador de Chiapas, un oficio respaldado por más de 300 firmas, entre organismos de derechos Humanos, organizaciones sociales, así como académicos e intelectuales nacionales e internacionales para exigir a las autoridades acate una Recomendación emitida en días recientes por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que ordena la protección inmediata de una treintena de personas que se encuentran en riesgo de ser agredidas.
Eric Bautista Gómez, vocero de la organización refirió en conferencia de prensa que el 30 de noviembre de 2018 se formó en el municipio de Amatán el llamado Consejo Indígena y Popular, como respuesta a la “falta de voluntad política y sensibilidad” social por parte de diversos gobiernos ante las necesidades de los pueblos de dicha región.
Esto luego de que en el lugar, los responsables del clima de tensión se encontraban los hermanos Wilbert y Manuel de Jesús Carpio Mayorga –hoy detenidos–, quienes se alternaron en la presidencia de Amatán durante 18 años, a través de las siglas del PRI, el PVEM y Morena, y aunque las autoridades actuales federales fueron advertidas de esta situación cuando todavía no asumían el gobierno, hicieron caso omiso.
El resultado de ello, fue que el 17 de enero de 2019 fueron privados de la vida los luchadores sociales Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, en un ataque cometido por un “grupo policiaco-paramilitar”, Previamente, el 22 de noviembre de 2018, había sido asesinado el dirigente social Carlos Mayorga Guerrero.
El vocero del MOCRI CNPA-MN destacó que aunque las autoridades federales y estatales fueron notificadas sobre estos ataques y sobre la existencia de grupos armados que hostilizaban a las organizaciones sociales de Amatán, ninguna de ellas actuó para frenar la violencia, a pesar de que el propio Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos ya había incluido como beneficiarios a unos 30 habitantes del municipio.
Todo lo anterior, señaló, hizo que la CNDH emitiera el pasado 14 de octubre la Recomendación por Violaciones Graves 39VG/2020, mediante la cual exhortó a la Secretaría de Gobernación, el gobierno de Chiapas, la Fiscalía General de Justicia y a la Presidencia Municipal de Amatán, a que brinden medidas de protección a las personas amenazadas por grupos armados.
EL MOCRI CNPA MN exigió que la Secretaría de Gobernación y las autoridades locales cumplan con la Recomendación y cesen el clima de violencia en esa región del norte de Chiapas.
“En su Recomendación, la CNDH dice que el Mecanismo debe emitir medidas urgentes de protección en un plazo no mayor a 30 días, y no sólo para las personas incorporadas en el Mecanismo, sino para todos los pueblos que forman parte del municipio de Amatán.
“Tienen que acatar lo dicho por la CNDH, y dependerá mucho de Olga Sánchez Cordero el que quieran acatar o no. Si lo hacen, es una salida institucional para intervenir ante el gobierno de Chiapas y resolver el problema”, indicó el dirigente.