El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), afirmó que “la tortura en México no se ha erradicado”, se sigue utilizando “para obtener confesiones y fabricar culpables, a pesar del compromiso internacional de cumplir con la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y su Protocolo Facultativo”.
En el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, el organismo señaló que en lo que va del año, ha registrado en Chiapas, 8 casos de tortura, de los cuales 3 incluyen una solicitud de parte de jueces de los municipios de Comitán y Cintalapa para aplicar el Protocolo de
Estambul para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”.
El Frayba sostiene que “en las fiscalías de Chiapas y en el sótano de la Fiscalía de Alto Impacto se sigue torturando. Durante la estancia de una persona detenida se inicia el proceso de tortura, que dura varias horas entre golpes en varias partes del cuerpo, toques eléctricos, bolsas de plástico en la cabeza, amenazas psicológicas, entre otras”.
“Este crimen no puede justificarse bajo ninguna circunstancia y debe de garantizarse que las personas privadas de la libertad, especialmente las mujeres, estén protegidas contra cualquier posible acto tortura, violencia sexual o de discriminación por motivos de género”, subrayó en un comunicado.
Señaló que “quienes sufren graves secuelas por la tortura en el interior de las cárceles, se enfrentan a una falta de atención a su salud, lo que pone en riesgo su vida, integridad y seguridad personal”.
En el marco de la pandemia por Covid-19, el Frayba denuncia la obstrucción al trabajo de documentación y defensa de los casos de tortura, los que asegura han aumentado, “pero órganos de segunda instancia no protegen a las personas que tienen el valor de denunciar la tortura”.
Comentó el caso de una persona torturada que se encuentra en libertad y ahora cuenta con orden de aprehensión, debido a que la Sala Regional Colegiada Mixta, revocó la sentencia absolutoria que había emitido un juez, que aplicó el criterio de exclusión de los medios de prueba por haberse obtenido bajo violaciones a derechos humanos.
En el informe el organismo destaca que diversos organismos de derechos humanos “han señalado que la tortura es un crimen de lesa humanidad y no debe permitirse que tales actos se mantengan en la impunidad; a la fecha, las investigaciones de muchos casos se encuentran paradas y no hay señalamiento a responsables para que sean llevados a juicio, ni mucho menos una reparación integral”.
Por lo que lamentó “el retroceso en la garantía y protección de los derechos humanos, pues en los últimos meses se han cometido graves violaciones por parte de la fuerza pública del estado hacía la protesta social pacífica con detenciones arbitrarias, malos tratos, violencia sexual, abusos de poder y uso excesivo de la fuerza, entre otras”.