San Cristóbal de Las Casas, Chis.20 Dic.- A 25 años de la Matanza de Acteal, el pacto de impunidad que tiene el Estado mexicano frente los crímenes de lesa humanidad, ha impedido que se haga justicia por el asesinato de 45 indígenas tsotsiles, en Acteal el 22 de diciembre de 1997, afirmó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
A dos décadas y media de la tragedia, “no hay ninguna persona en la cárcel y el Estado corrobora que no se puede investigar a sí mismo, sino que más bien encubre a los perpetradores porque un pendiente en este caso es juzgar a los autores intelectuales”, manifestó Pedro Farro Navarro.
En estos 25 años, han muerto varios de los sobrevivientes de la masacre de Acteal o sus familiares en 25 años “que no han visto la luz de la justicia”, señaló.
El defensor refirió que en total fueron llevadas a prisión, 116 personas como responsables materiales, pero a la fecha no queda uno sólo en la cárcel, ya que, a partir de 2009, la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN), los liberó, aduciendo violaciones al debido proceso.
Mientras que los sobrevivientes de la masacre, sus familiares y compañeros agrupados en la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas, están a la espera del informe de fondo de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2010 admitió el caso, una vez que se agotaron las instancias nacionales.
“Este caso está ante la CIDH, que es la última instancia. Desde 2005 se presentó ante la denegación de justicia en el Estado mexicano; lo hicimos para que el Estado se haga responsable de este crimen de lesa humanidad. Pasaron muchos años, a pesar de que la documentación que tenemos es sumamente pulcra, sólida y evidente, pero en 2010 se admitió el caso”, aseveró.
Explicó que el informe de fondo no ha sido dado a conocer, porque la CIDH argumenta que “tiene un rezago histórico. Lo estamos esperando para que se dicte una sentencia -es un ámbito contencioso- hacia el Estado mexicano y pueda asumir su responsabilidad en el contexto de contrainsurgencia, de violaciones graves a los derechos humanos que se ha negado a admitir; hasta lo que ha llegado es a admitir que pudo haber evitado la masacre y no actuó”.
Señaló que el Estado mexicano ha admitido también “que se hizo mal el trabajo de justicia en las investigaciones, que no se resguardó el ámbito del sitio en el que se cometió la masacre y otras cosas, pero no admite su responsabilidad en el hecho de que fueron los actores principales, a través de la implementación del plan de campaña 94 y de la contrainsurgencia”.
“El caso Acteal es un hecho en el que se plasma el pacto de impunidad que tiene el Estado mexicano ante los crímenes de lesa humanidad cometidos en México. Por eso no hay nadie en la cárcel y el Estado corrobora que no se puede investigar a sí mismo, sino que más bien encubre a los perpetradores porque un pendiente en este caso es juzgar a los autores intelectuales, que no han sido tocados”.
Faro recordó que “en la CIDH no se juzga a personas sino al Estado. Pero a partir de cómo venga el informe de fondo podría haber elementos para llevar a otros niveles acciones de imputación a funcionarios de alto nivel como al expresidente Ernesto Zedillo específicamente”.
Agregó que un patrón común del Estado, “es que se queda en la cuestión de la reparación material y económica y no trastoca la justicia cuando una de las cuestiones fundamentales de estos mecanismos es el acceso a la justicia y la verdad”. “A la cárcel entraron en total 116 hombres, y al final quedaron 87, que son los que fueron liberados por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el argumento de que se violó el debido proceso, a pesar de que habían sido sentenciados a 25 años de cárcel.
El también exdirector del Frayba expresó que “como el Estado no generó una investigación en la lógica de la acción de los paramilitares, lo que hizo la justicia mexicana fue individualizar las penas por el delito de homicidio”.
Concluyó: “A 25 años de la masacre vemos que la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, junto con los sobrevivientes, sigue siendo un referente de lucha, justicia y dignidad.
El sitio en el que se llevará a cabo la conmemoración por los 25 años es un lugar simbólico que representa uno de los epicentros de la lucha no violenta, es toda una enseñanza de resistencia y no claudicación en este ámbito de la memoria de los oprobios del Estado, a partir de lo cual ha generado todo un proceso de autonomía y de construcción de autogobierno importante, referente a nivel nacional y local”.