Nada que pueda ayudar al desarrollo económico camina en el municipio de los Altos de Chiapas. Todo es parálisis, las actividades comerciales y la administración pública local. Lo que es intenso es la “grilla” y las acusaciones mutuas entre los grupos de poder de responsabilidad en la crisis municipal.
El resultado es que Teopisca es un dolor de cabeza para la administración estatal porque en el municipio convergen intereses políticos locales, regionales, disputas entre grupos de poder y también una confrontación de “baja intensidad” pero real en el Congreso del Estado, cuyos diputados son parte del problema y cargan con la responsabilidad de que el municipio se hunda en sus problemas de disputas políticas.
En septiembre del 2022 el Tribunal Electoral del Estado dictó un fallo buscando mantener la gobernabilidad y la paz. Ese fallo ordenó que Josefa María Sánchez Pérez asumiera el cargo como presidenta sustituta.
Sánchez Pérez sería la primera mujer en ocupar la presidencia municipal luego de una historia local que registra en el cargo a 40 alcaldes del sexo masculino. El solo hecho de ser mujer, provocó que los grupos de interés comenzaran a exigir su renuncia, precisamente por el solo hecho de ser mujer.
A esos grupos, el hecho de que eso signifique un delito denominado “violencia política de género” y que puede llegar a sancionarse con hasta siete años de prisión, no significó un obstáculo para no respetar el orden jurídico. De hecho, las exigencias de renuncia describen la impunidad que se vive en Teopisca.
En ese contexto, algunos de los regidores de nuevo presentaron su renuncia al cargo, supuestamente por no existir las condiciones para que trabajen de manera segura. Muchos de los ciudadanos del municipio afirman que es altamente probable que esos regidores, hayan sido intimidados. Acusan directamente a Javier Velásquez de ello.
Incluso, también se afirma que dirigentes estatales del Partido Verde, se aliaron con algunos diputados locales para poder nombrar un Concejo municipal en el 2022, encabezado por Luis Valdés y que fueron ellos quienes obligaron a estos regidores a renunciar. Fue el TEECH quien resolvió que este cabildo retomara sus obligaciones con Josefa Sánchez Pérez como alcaldesa.
Esa impunidad con los grupos políticos de Teopisca provocó que Javier Velásquez fuera nombrado tesorero, y que en solo tres meses que duró en el cargo, fueran suficientes para que, en el municipio se le acusara de desaparecer millones de pesos.
Eso no es todo, al ahora extesorero también se le investiga por los delitos de secuestro, daños a propiedades del ayuntamiento y a las vías de comunicación, así como amenazas en contra de la integridad de funcionarios de Teopisca y de sus familias. Lo señalan como quien encabeza varias de las actividades ilícitas en el municipio.
El problema es que las autoridades no actúan en contra de su persona y de su grupo. Incluso, se documentó que Velásquez volvió a realizar amenazas el viernes pasado a las autoridades que si no liberan a sus compañeros detenidos por diversos delitos volverán a bloquear de manera indefinida las entradas y salidas de la cabecera municipal.
La ciudadanía en general y el gremio empresarial exigen a la Fiscalía del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública, hacer valer el derecho de la población al libre tránsito y no permitir que Javier Velásquez y sus seguidores sigan realizando actos ilícitos.
Teopisca es un dolor de cabeza, porque la administración pública estatal y la estatal están paralizadas ante la crisis. No así los diputados “verdes” del Congreso estatal que hacen lo que quieren con el gobierno municipal.
¿Por qué la impunidad?
A los ciudadanos se les prepara otro golpe desde el Congreso. En estos días se define la ratificación o la creación de un nuevo Concejo -que sería el cuarto- para Teopisca. Quienes conocen a fondo el tema del municipio en crisis, afirman que lo más probable es que no se ratifique al Concejo actual, sino que se designe uno nuevo.
¿Por qué el congreso toma una medida contra la gobernabilidad y la estabilidad política del municipio?
¿Quién o quienes son los responsables desde la legislatura?
¿Qué hace que la bancada verde ecologista actué con tanta impunidad?