Tuxtla Gutiérrez, Chis. 20 Oct.- El Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Chiapas ordenó a las autoridades de la comunidad Frontera Corozal, municipio de Ocosingo, liberar a ocho policías estatales, entre ellos una mujer, retenidos el pasado 12 de este mes o ponerlos a disposición de un agente del Ministerio Público.
El amparo concedido en favor del agente Ramón Cruz Sánchez y otros, promovido por su hermano Jorge Marceo Cruz Sánchez; es “en contra de actos del comisariado ejidal; del agente auxiliar municipal; del consejo de vigilancia y de la comandancia de la policía rural” del poblado situado en la región de la Selva Lacandona.
“Si la detención del quejoso fue ejecutada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Publico, en relación a la comisión de un delito, la suspensión se concede para el efecto de que cese la detención, esto es ponerlo en libertad o a disposición del Ministerio Publico; en caso contrario, es decir si la detención no tiene relación con la comisión de un delito. La suspensión tendrá por efecto que sean puestos en inmediata libertad”.
Al conceder el amparo el juzgado estableció: “Se ordena formar el expediente correspondiente y registrar bajo el número de juicio de amparo 1671/2023-4-B (…) por lo tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126, en relación con el diverso 15, ambos de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano en favor de Ramón Sánchez y otros para los siguientes efectos:
“Si la detención del quejoso fue ejecutada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Publico, en relación a la comisión de un delito, la suspensión se concede para el efecto de que cese la detención, esto es ponerlo en libertad o a disposición del Ministerio Publico; en caso contrario, es decir si la detención no tiene relación con la comisión de un delito.
La suspensión tendrá por efecto que sean puestos en inmediata libertad”. Los ocho policías estatales cumplieron 8 días retenidos en la comunidad Frontera Corozal, donde los habitantes exigen a las autoridades federales y estatales, el envío de fuerzas de las fuerzas armadas para combatir a organizaciones del crimen organizado y que detengan a sus líderes que aseguran. “asesinan, extorsionan y cobran derecho de piso, entre otros delitos”.