El Observatorio Ciudadano mostró con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, el deterioro en la percepción de seguridad en la población
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 18 Enero.- En Chiapas, el desplazamiento forzado interno se ha intensificado, llevando a familias enteras, especialmente de comunidades rurales, a abandonar sus hogares, por el alarmante crecimiento de la violencia que se vincula estrechamente con las actividades de grupos de la delincuencia organizada, generando una situación crítica que afecta especialmente a la población indígena, denunció el Observatorio Ciudadano estatal.
Al presentar su informe anual de 2023, Carmen Villa Chávez y Sofia Escobar, investigadoras del Observatorio, destacaron que hay evidencias de un subregistro en las carpetas de investigación en delitos de alto impacto como el narcomenudeo, datos que no coinciden cuando la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI del tercer trimestre de 2023, que mostró que la percepción de inseguridad en ciudades como Tuxtla Gutiérrez y Tapachula se elevó.
“Al alarmante crecimiento de la violencia, se ha incrementado también, los delitos de narcomenudeo y trata de personas no han sido formalmente denunciados”, dice el informe.
El Observatorio Ciudadano Chiapas comparó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del 2023 con los de 2018 y 2022, “revelando que, aunque en 2023 hubo una ligera reducción en la percepción de inseguridad, los niveles siguen siendo significativamente altos en comparación con 2018”.
Carmen Villa señaló que compararon los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, en 2022, pero solo el 1.4 por ciento de los 509,223 delitos estimados fueron denunciados en Chiapas, “lo que podría evidenciar subregistro en las carpetas de investigación.
Citó: “por ejemplo, delitos de alto impacto como narcomenudeo y trata de personas, no presentaron un incremento en las cifras, sin embargo, las consecuencias en la cotidianidad de la población son evidente”.
El Observatorio destacó que estos datos muestran el deterioro en la percepción de seguridad en la población. “Durante el tercer trimestre de 2023, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI revelaron que, en Tuxtla Gutiérrez, el 71.0 por ciento de la población se sintió insegura en el mes de septiembre, mientras que en Tapachula el porcentaje alcanzó el 85.7 por ciento superando el promedio nacional de 61.4 por ciento”.
Dijo que los problemas de inseguridad se han incrementado, tanto que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció que debido al incremento de la violencia por parte de grupos del crimen organizado sus Municipios Autónomos Rebeldes (MAREZ) y las Juntas de Buen Gobierno en Chiapas se disolvieron y se encuentran en proceso de reestructuración.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) informó que entre 2010 y 2021 se han registrado aproximadamente 14,476 personas desplazadas en Chiapas, siendo los municipios de Chalchihuitán, Chenalhó, Aldama, San Andrés Duraznal y Pantelhó los más afectados.
En Chiapas, comentaron, a pesar de la legislación y protocolos existentes, la falta de tipificación del Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en el código penal, y la ausencia de una respuesta nacional integral han dificultado abordar este problema de manera efectiva.
Ante esta situación, hicieron un llamado urgente a las autoridades federales y estatales, así como al Senado de la República, para atender la crisis humanitaria en Chiapas y legislar en materia de Desplazamiento Forzado Interno.