Son inocentes, fueron procesados como represalia a su labor de defensores por su imposición a proyectos de militarización
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 23 Abril.- Una jueza del Juzgado Penal de San Cristóbal de las Casas, Viridiana Montenegro Peña sentenció “injustamente a 25 años de prisión a cinco tseltales del municipio de San Juan Cancuc, defensores del territorio, por un delito que no cometieron”, afirmó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
Los cinco indígenas, se encuentran presos desde hace dos años en el penal de San Cristóbal de las Casas, acusados del delito de homicidio calificado en agravio de un policía de Cancuc. Los cinco tseltales exigieron su liberación inmediata porque son inocentes, dijo en conferencia de prensa, Dora Roblero, directora del Frayba.
Junto a personas y colectivos a nivel nacional e internacional hemos insistido en que, desde mayo de 2022, que Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco fueron detenidos arbitrariamente, desaparecidos, acusados y procesados penalmente como represalia a su labor como defensores comunitarios en el marco de la imposición de proyectos de infraestructura y militarización en su territorio, señaló Roblero.
“Este acto es muestra del patrón sistémico y generalizado de la (in)justicia mexicana. Se confirma que existe una criminalización a defensores del territorio, agravando la crisis de derechos humanos que se vive en México”.
Al dar lectura a un comunicado, el Frayba expuso que “la burocracia judicial se convierte en un laberinto que prolonga este proceso de criminalización. De nueva cuenta nos encontramos ante el reto de impugnar un juicio a todas luces injusto. El Estado demuestra que su apuesta es al cansancio, pues antes que reconocer la insostenibilidad de la acusación tiende a reponer, infinitamente, los procedimientos”.
El colectivo explicó que “desde la primera audiencia de juicio se expusieron inconsistencias en las pruebas fabricadas por parte de la Fiscalía de Justicia Indígena, además de múltiples violaciones a derechos humanos. El 12 de mayo de 2023, fueron sentenciados por primera vez, a veinticinco años de prisión”.
Fue “a través del recurso de apelación, a finales de febrero de 2024, que el Poder Judicial chiapaneco decidió reponer la audiencia de juicio oral, aun cuando pudo haberse pronunciado por el fondo y corroborar que la fiscalía no había logrado mantener su fabricación”.
El Frayba aseguró que, durante la reposición del juicio, “quedó nuevamente comprobado que se trataba de una acusación fabricada. Sin tomar en consideración que ninguna prueba responsabilizaba directamente a los acusados, y que existían incluso dudas sobre la existencia de un delito, la nueva Jueza emitió de nueva cuenta una sentencia condenatoria” el 19 de este mes.
Aseguró que la burocracia judicial se convierte en un laberinto que prolonga este proceso de criminalización. “De nueva cuenta nos encontramos ante el reto de impugnar un juicio a todas luces injusto. El Estado demuestra que su apuesta es al cansancio, pues antes que reconocer la insostenibilidad de la acusación tiende a reponer, infinitamente, los procedimientos”.
Luego de dar lectura a una carta de los cinco tzeltales, donde expresan: “Nos han robado dos años de vida, nos han robado dos años de estar con la familia y la posibilidad de ver crecer a nuestros hijos, pero no nos han robado nuestra dignidad y la esperanza de obtener justicia”.
Dora Roblero, hizo un llamado a los colectivos, organizaciones y personas solidarias de México y el mundo a que continúen con su labor en la exigencia de justicia y libertad para los defensores presos de San Juan Cancuc. Agradecemos su solidaridad durante este tiempo, les solicitamos puedan replicar y continuar haciendo visible este caso. Así mismo animamos a los familiares y a los propios presos a que continúen sus luchas hasta lograr la libertad incondicional.