Este martes, terminó con una noticia que volvió de nueva cuenta a estremecer a la opinión pública chiapaneca: en el municipio de San Fernando fue encontrado embolsado el cuerpo, al parecer con huellas de tortura de una mujer, Irma Morales Cruz, de 54 años de edad que días atrás había desaparecido.
Apenas el viernes 22 de este mismo mes en Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado; volvía a ocurrir un supuesto feminicidio.
Con los nuevos casos, poco a poco la confianza ciudadana en las autoridades estatales se va empequeñeciendo. El viernes apareció el cuerpo sin vida de Virginia Ventura López, victimada a disparos de arma de fuego presuntamente por su pareja /compañero luego de una discusión.
Virginia, era una agente de la Secretaría de Seguridad Pública asignada al cuerpo de ayudantía del gobernador del estado Rutilio Escandón Cadenas.
Por esto, salta la primera pregunta que lacera la confianza ciudadana en los políticos locales que hicieron suya la Cuarta Transformación que pregona el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿No nos decían en campaña que ya no se distraerían recursos humanos y financieros para garantizar la seguridad de los políticos?
El caso de Irma y Virginia, se suma a los ya numerosos casos de feminicidios que ocurren en Chiapas y que organismos independientes de la sociedad civil han documentado.
La tragedia enluta a las familias chiapanecas víctimas de feminicidio; pero además la actuación de las autoridades es otra pena que tienen que cargar las familias de las víctimas de feminicidio porque las hace actuar contra el olvido, la indiferencia y por supuesto, la poca preparación y sensibilidad de las autoridades sobre el feminicidio y el tráfico de influencias.
En lo que va del 2019, en el estado las ONGs locales han documentado 40 casos de muertes violentas de mujeres, entre ellos señalan 23 feminicidios. Pero a finales del 2018 y principios de este año 2019 las autoridades liberaron a tres feminicidas confesos.
En este contexto de altos índices de feminicidios y de poca protección del estado mexicano a los familiares de las víctimas para hacer efectiva la justicia, las estadísticas nacionales disponibles evidencian a unas autoridades chiapanecas que nada hacen para detener la ola de feminicidios que azota al estado.
La Secretaría de Seguridad Pública federal a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública presenta cada mes los datos nacionales disponibles sobre la “incidencia delictiva nacional”. En el apartado denominado “Información sobre la violencia contra las mujeres” se puede demostrar que ser mujer y ser chiapaneca es peligroso.
Las autoridades dicen que el objetivo de este reporte es “poner a disposición de la sociedad los datos estadísticos sobre violencia contra las mujeres para conocer la magnitud, tendencia y ubicación geográfica de las conductas y acciones que atentan en contra de este grupo de población”.
El informe puede descargarse desde este sitio:
Los datos en el informe son con corte al 31 de enero de este año. Los feminicidios a nivel nacional van a la alza. Según los datos del informe, en todo México en el 2015 hubo 407 feminicidios, en el 2018 se duplicaron ya que hubo 845.
En enero de 2019 Chiapas ocupó el séptimo lugar nacional con cuatro feminicidios.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, para enero del 2019; Chiapas tiene a tres de sus municipios entre los 50 municipios mexicanos con presuntos delitos de feminicidio. De esa contabilidad de 50 municipios con feminicidios; los municipios chiapanecos están entre los diez primeros.
San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez y Comitán de Domínguez, los tres municipios superan la media nacional en este indicador delictivo.
San Cristóbal de las Casas ocupa el tercer lugar nacional, Comitán el octavo y la Capital Tuxtla Gutiérrez el noveno lugar nacional en víctimas de feminicidio. Es decir dos de las ciudades más grandes y de atractivo turístico del estado, más la capital estatal, sufren este flagelo que lacera la seguridad de las mujeres.
En casi todos los indicadores del informe Chiapas supera la media nacional.
En Chiapas a la fecha no se conoce propuesta alguna de las autoridades estatales para contener, sensibilizar o hacer efectiva la ley contra este fenómeno social que tiene a los municipios del estado entre los que muestran mayor incidencia de este delito a nivel nacional.