Los partidos Morena, Verde Ecologista de México (PVEM) y Chiapas Unido, de registro estatal, renunciaron en conjunto a más de 21 millones de pesos de sus prerrogativas para que sean destinados a combatir la pandemia de Covid-19 en Chiapas, informó el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).
“No es competencia del IEPC, sino del Instituto Nacional Electoral (INE) fiscalizar los recursos de los partidos, pero este órgano local sí puede validar las solicitudes que se presenten para renunciar a una parte del financiamiento”, señaló el organismo en un comunicado.
Morena renunció al 50 por ciento de su recurso público, del periodo que comprende de mayo a diciembre de 2020, correspondiente a 17 millones 352 mil 028.01 pesos; Chiapas Unido renunció a su financiamiento del periodo de mayo a septiembre, correspondiente a 1 millón 179 mil 842.7 y el PVEM renunció a sus recursos del periodo de mayo a julio, correspondientes a 2 millones 767 mil 872.51 pesos.
El acuerdo fue aprobado por el IEPC en una sesión extraordinaria virtual, y los recursos serán reintegrados a la Secretaria de Hacienda del Estado, que será la responsable de destinarlo al sistema público de salud de la entidad, para hacer frente a la pandemia ocasionada por el Covid-19 como fue solicitado por los partidos políticos antes mencionados”.
El IEPC dijo que “la renuncia a esos recursos puede aplicarse exclusivamente a las ministraciones mensuales que aún no hayan sido depositadas en las cuentas partidistas correspondientes”.
Señaló que también se aprobó el procedimiento y los criterios a seguir en casos de posteriores renuncias de partidos políticos por esta causa.
“Una vez que se reintegren a la Secretaría de Hacienda del estado de Chiapas las prerrogativas a las que renuncie un partido político local, este órgano electoral no dispone de ninguna atribución para dar seguimiento al destino de dichos recursos”.
Los partidos políticos deben de cumplir con el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, pues “la renuncia a prerrogativas no elimina su obligación de destinar anualmente el financiamiento público” para tal fin.