Tuxtla Gutiérrez, Chis. 30 Agos.- En el Dia Internacional de las víctimas de desapariciones forzadas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), afirmó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “mantiene una deuda histórica” con las más de 73 mil víctimas desaparecidos en México.
El organismo afirmó que “la desaparición forzada de personas en México, se profundizó desde el 2006, en un contexto de desaforada violencia que inició el entones presidente, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, continuada por el Enrique Peña Nieto”.
Estos crímenes señaló en un comunicado, “están vinculados con la violencia estructural del Estado, especialmente de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de Seguridad Pública, crisis de este crimen de lesa humanidad que se ha extendido a agentes no estatales como los grupos paramilitares, y el crimen organizado en todas sus formas de expresión, cuyas acciones se enmarcan bajo el cobijo de las instituciones en sus tres niveles de gobierno”.
Por lo que consideró que es necesario que en México “se implementen de manera urgente las estrategias dirigidas a la prevención, investigación y sanción de desaparición forzada, así como reparar integralmente a las víctimas”, ya que “la búsqueda de las personas desaparecidas debe partir de la premisa de la plena participación de las familias para encontrarlas, así como identificar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales”.
El Frayba manifestó que “frente a estas situaciones es necesario que emerja la verdad en medio de la impunidad, como en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero y las 37 desapariciones forzadas cometidas por el grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia en la zona Norte de Chiapas, derivadas de la estrategia de contrainsurgencia implementada por el Estado mexicano en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) entre los años de 1994 y 2000”.
El Frayba expresó que “los gobiernos anteriores no habían reconocido la desaparición forzada como una política de Estado sistemática, generalizada y transexenal, por lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador generó expectativas en las familias de las víctimas, reconociendo públicamente la existencia de esta crisis de derechos humanos en el país, pero a dos años de haber ganado las elecciones, las acciones para afrontarla son insuficientes y no han sido efectivas”.