Dueños de la guardería Piguin & Babe, con relaciones políticas en el Congreso local y en la Secretaría de Educación, lo que ha retrasado la acción de la justicia: Familiares
A una semana que se cumpla un mes de la muerte del menor de tres años, Damián Estrada Moreno, al interior de la guardería Piguin & Babe, familiares y amigos salieron a las calles para manifestarse por tercera ocasión y exigir justicia.
La concentración reunió a más 50 personas, vestidas de blanco, con globos y flores en las afueras de la catedral de San Marcos, donde colocaron carteles y mantas de exigencias y reclamos, luego marcharon hacia el parque de La Marimba.
Mauricio Estrada de la Vega, padre de Damián, dijo que aguardan el proceso de la Fiscalía, que no desean entorpecer las investigaciones, aún cuando hay evidencias de que los dueños de la guardería
obtuvieron los permisos para operar por sus relaciones políticas en el Congreso local y la Secretaría de Educación.
“No sé que personas tienen dentro de la primera línea que no siguen el protocolo para proteger la vida de los niños; se trata de una escuela que no contaba con acreditaciones de cierta especialidad y les permitieron funcionar por mucho tiempo”.
Estrada de la Vega denunció que los dueños “han estado haciendo uso de ciertas amistades en el Congreso y en la secretaría de Educación para permitir que esto suceda».
Jorge Arturo Sánchez Flores, abogado de la familia, declaró que la justicia «sigue ciega» en Chiapas; la Fiscalía «no hace su trabajo como debería; realizó las primeras investigaciones con todos los datos de prueba para conseguir ya el mandamiento de captura».
Señaló que la dependencia trabaja a «contracorriente, porque en el país funciona la presión política». Así que, explicó, «deben integrar bien la carpeta de investigación para que los culpables, no tengan ni un solo elemento para escudarse y solicitar que no se les aplique la justicia».
Sánchez Flores expuso que se trabaja para continuar avanzando; se revisará la necropsia que se contrapone con datos de prueba de que el niño falleció porque se ahogó en la alberca, por «omision total» de los dueños de la guardería.
Además aseguró que hubo negligencia y corrupción de la secretaria de Educación, de Protección Civil, de autoridades del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, porque debieron exigirse estudios de factibilidad y requisitos legales operar el centro educativo.
“No sé hizo, esas personas ( lo propietarios) están aprovechando amistades en el Congreso y en la secretaría de Educación; hasta ahí llegaron porque estamos atacando con más fuerza este asunto», aseguró.
Es decir que «hay familiares que están muy cerca de ellos y a través de ellos les autorizaron el supuesto permiso para poner ese lugar. La corrupción como siempre ha imperado», recalcó el defensor.
La carpeta, denunció, “no estaba avanzando porque no se realizaban las investigaciones como deben ser cuidando los protocolos de proteccion a los menores; lamentablemente la justicia sigue ciega en Chiapas, la fiscalía no hace su trabajo como debería de ser».
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